La batalla de JZI: Un camino hacia la transparencia financiera



Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus dos gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una composición societaria destinada a adquirir el control en en torno a veinte compañías empleando inapropiadamente los elementos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores de europa de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el enfrentamiento empieza a gestarse en 2016, momento en el que los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde entonces, se manifiesta que se ha hecho un empleo indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión mediante una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada mediante una red de 12 sitio web filiales.

Esta composición pretendía esconder la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de demandas judiciales en 2022, incluyendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.

Este escenario legal prosigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los fundadores de JZI por carecer de indicios delictivos, mientras se desvelan más capas de un enfrentamiento que subraya la complejidad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..

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